A propuesta de la Agencia de Transparencia, el Consejo Metropolitano ha aprobado por unanimidad la adhesión del Área Metropolitana de Barcelona en el Registro de Grupos de Interés de Cataluña que gestiona la Generalidad de Cataluña. Con esta decisión, la AMB da cumplimiento a la obligación de disponer de un registro de grupos de interés donde se inscribirán todas las personas físicas y jurídicas que se relacionen con la administración metropolitana con el objetivo de influir en la implementación de políticas públicas, la elaboración de normativas o en cualquier proceso de toma de decisiones.

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña aprobó recientemente la creación de un Registro de Grupos de Interés, abierto a todas las instituciones y administraciones de Cataluña, en respuesta a las demandas de numerosas administraciones locales integrantes de la Red de Gobiernos Transparentes, entre las que la propia CON, que defendían la existencia de un registro común que facilitara el cumplimiento de la normativa tanto a los grupos de interés como las propias administraciones responsables de disponer de este registro.

En esta misma línea, la Agencia de Transparencia, con el objetivo de optimizar y racionalizar el uso de recursos públicos, encargó un dictamen jurídico para evaluar las posibilidades legales que la AMB adhiriera al Registro de Grupos de interés de la Generalitat como alternativa a la creación de un registro independiente de ámbito metropolitano que se solapa con una pluralidad de registros de ámbito local, provincial y nacional. Este dictamen, que fue remitido al Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, también sirvió para impulsar la modificación legislativa aprobada por el Decreto Ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Grupos de interés de Cataluña.

Este nuevo registro, centralizará la base de datos de grupos de interés que se relacionan con cualquiera de las administraciones adheridas, evitando, de este modo, que un mismo grupo de interés deba inscribirse en tantos registros como administraciones con quien se relaciona.

Por respeto a la autonomía local, a pesar de la existencia de un registro común, cada una de las administraciones adheridas sigue siendo responsable del seguimiento, la fiscalización, el control y la sanción del cumplimiento de la legislación de transparencia en materia de grupos de interés. En el caso de la AMB, estas potestades se ejercen a través de la Agencia de Transparencia, según reitera el acuerdo adoptado por el Consejo Metropolitano.