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La Ley de Transparencia define el buen gobierno como "los principios, las obligaciones y las reglas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración, y los principios éticos y las buenas prácticas de acuerdo con los que tienen que actuar los altos cargos de la Administración, los cargos directivos y el resto de personal al servicio de la Administración, con el objetivo que ésta funcione con la máxima transparencia, calidad y equidad, y con garantía de rendición de cuentas." Para consolidar el buen gobierno, son esenciales las medidas de fomento de la integridad pública y prevención de la corrupción que garanticen la prevalencia del interés general, la imparcialidad, la igualdad de trato y la diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y la prestación de los servicios públicos.