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La Ley de transparencia define la transparencia como "la acción proactiva de la Administración de dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de la manera que resulte más comprensible para las personas y por medio de los instrumentos de difusión que les permitan un acceso amplio y fácil a los datos y les faciliten la participación en los asuntos públicos".
Este principio se concreta mediante la publicidad activa de la información pública de interés general, el derecho subjetivo de la ciudadanía de solicitar y acceder a los documentos y datos que dispone la administración, la evaluación del cumplimiento de estas obligaciones para incentivar la mejora permanente y la rendición de cuentas de las políticas y actuaciones de las administraciones.