El Área Metropolitana de Barcelona impulsa el gobierno abierto a través de una nueva convocatoria bianual de subvenciones dirigida a los ayuntamientos metropolitanos con un presupuesto de 400.000 euros. Este programa tiene como objetivo principal promover y fomentar políticas que impulsen una nueva cultura organizativa de funcionamiento, más abierta y transparente, basada en un diálogo permanente entre la Administración y la ciudadanía, y en el principio del buen gobierno.

De este modo, se aportan recursos extraordinarios a los municipios metropolitanos para hacer frente a dos retos recientes. Por un lado, a los requerimientos legales en materia de integridad pública que derivan del nuevo marco regulador europeo mediante el Reglamento (UE) 2021/241 por el cual se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la Directiva (UE) 2019/1937 relativa en la protección de las personas que informen de infracciones del Derecho de la Unión. Por otro, estas subvenciones también responden al estancamiento en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia en los ayuntamientos, en el cual ha incidido reiteradamente la Síndica de Greuges en sus informes anuales de evaluación de la Ley 19/2014.

Con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), el día 17 de julio de 2024, se abre el periodo de presentación de solicitudes de subvenciones para proyectos que aborden aspectos como los sistemas internos de alertas, planes antifraude, visores de datos o datos abiertos, entre otros. El plazo de presentación finalizará el próximo 20 de septiembre de 2024 y la adjudicación se hará mediante un proceso de concurrencia pública competitiva, basado en criterios que tendrán en cuenta los diferentes contextos y capacidades municipales. Así, la puntuación final se calculará en base al número de habitantes del municipio, el grado de implantación del gobierno abierto y la calidad técnica de la propuesta. El presupuesto se distribuirá de forma proporcional a la puntuación obtenida con una dotación máxima de 25.000€ por municipio.

En definitiva, esta iniciativa deviene un mecanismo de apoyo y colaboración entre administraciones de diferente nivel, en un contexto de igualdad de obligaciones pero de diferentes capacidades.