Marcado aún por los estragos de la pandemia causada por la COVID-19, el año 2021 se ha caracterizado por la llegada de las vacunas y por la implantación de las medidas sanitarias en un contexto social y económico cada vez más complejo. En este escenario, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en dos elementos indisociables en la gestión de las políticas públicas. Asimismo, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha incorporado sistemas de prevención, detección y corrección de conflictos de intereses, casos de corrupción y fraude en la gestión de los fondos, y ha consolidado la integridad pública como otro de los ejes fundamentales en los que deben basarse las actuaciones de las administraciones.

En consonancia con el reglamento anterior, el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó dos órdenes (Orden HFP/1030/2021 y Orden HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre) para regular el sistema de gestión de los fondos que tienen como objetivo mitigar el impacto de la COVID-19, así como transformar la sociedad con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar medidas de adaptación al cambio climático, fomentar la descarbonización y mejorar las estructuras y los recursos destinados a la investigación y la formación.

A lo largo de su trayectoria, la Agencia de Transparencia ha consolidado un sistema de integridad que ahora, en el contexto regulador mencionado, adquiere una significación, una relevancia y sobre todo una utilidad pública evidente. El asentamiento de este sistema de integridad permite afrontar los retos derivados de una gestión compleja de los fondos Next Generation EU con una visión de continuidad y mejora.

De la misma forma, durante este año 2021, y después de un largo proceso, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, cuya finalidad es garantizar una implementación más homogénea, efectiva y exhaustiva de la Ley de Transparencia, clarificar conceptos jurídicos indeterminados y resolver dudas interpretativas. En resumen, el decreto ha desarrollado parcialmente la Ley 19/2014 en lo que se refiere a distintos aspectos, como el ámbito subjetivo de aplicación, las obligaciones de la publicidad activa, el acceso a la información pública, la reutilización de la información o el marco institucional en el ámbito de la transparencia y el gobierno abierto.

En este contexto cambiante, el Plan de Actuación 2019-2023 del Área Metropolitana de Barcelona incluía como uno de los objetivos prioritarios de este mandato la consolidación en el AMB de la cultura del buen gobierno y la profundización del gobierno abierto. Para ello, la Agencia de Transparencia sigue trabajando para implantar una administración sustentada en la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, el buen gobierno y la integridad pública al servicio del Área Metropolitana, de sus entidades vinculadas, de las entidades prestadoras de servicios y, especialmente, de la ciudadanía. De esta forma, se fomenta la reflexión crítica sobre las políticas públicas y se impulsan cambios en los procesos de planificación e intervención.

Este documento es la recopilación del trabajo realizado por la Agencia de Transparencia durante este año 2021. Incluye un resumen de los objetivos, de las actividades y de sus características. La mayoría de estas actividades forman parte de programas consolidados, que se pusieron en marcha al inicio de este mandato o, incluso, del anterior. Otras, en cambio, responden a las necesidades coyunturales del momento o a la propia evolución de las políticas de transparencia.

En definitiva, esta memoria es el instrumento de rendición de cuentas que permite realizar un seguimiento de la actuación metropolitana y detectar las fortalezas, pero también los retos que el Área Metropolitana de Barcelona deberá alcanzar próximamente para implantar una administración más eficiente, transparente y comprometida con la ciudadanía, en un contexto de implementación de las políticas europeas de recuperación y resiliencia, caracterizadas por una exigencia de transparencia, integridad y rendición de cuentas.