Manel Camós Grau, miembro del Consejo Asesor de Transparencia Metropolitana y moderador de la mesa redonda, ha presentado a los ponentes de la mesa y ha recordado que la Unión Europea no tiene competencias en la financiación de partidos políticos, a pesar de que sí que interviene indirectamente vía transparencia o lucha contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos europeos para un mejor uso de los fondos públicos y para evitar abusos y fraudes en el futuro. Al respecto, ha dado conocimiento que la Euro cámara ha dado la conformidad a la propuesta de la Comisión Europea para endurecer las normas que regulan la financiación de partidos políticos europeos para evitar fraudes y abusos, y ha informado de las medidas a adoptar al respecto. Ha añadido que se prevé que los partidos políticos nacionales tienen que publicar a sus webs los logos, programas o ideología de la formación europea a la cual están afiliados como condición necesaria para acceder a los fondos. Seguidamente, ha pasado la palabra a los ponentes.

Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, ha manifestado que este asunto es uno de los principales problemas que determinan la calidad democrática del sistema en que vivimos. Que los partidos políticos son entidades privadas, pero que realizan una función social, y que su financiación determina sus políticas públicas, más que los propios programas (pone el ejemplo de la influencia de los grupos de interés en este sentido).

Comenta que en 2007 se aprobó la Ley de financiación de partidos políticos, a pesar de que los procesos judiciales que han investigado la financiación de partidos políticos han nacido después de la aprobación de la Ley. Por lo que pone de manifiesto la situación en que estamos y siguiendo la dinámica de muchos años atrás. Ha hecho mención a la financiación mediante aportaciones de empresas, de bancos y de particulares interesados. Hace hincapié en las condonaciones de los bancos a los partidos políticos sin justificar sobre las deudas de los partidos políticos.

Una de las cuestiones más graves que ha sufrido el conjunto de la sociedad española ha sido la política hipotecaria de nuestro país. Se han aprobado leyes más bien propias de países tercermundistas o en manos de grupos poderosos, en lugar de partidos políticos. Añade que se hubieran podido hacer leyes más bien propias de países liberales. Ha puesto el ejemplo de Estados Unidos donde se hace la dación en pago, manifestando que se hubiera podido copiar este modelo hipotecario y se habría impedido la masacre que han sufrido muchas familias desde el ámbito de los bancos, los cuales, en nuestro Estado, han sido los mayores favorecidos de esta política.

Dice que si la financiación no es transparente, reglada y no se puede explicar sin ningún problema a la ciudadanía, nos estaremos encontrando en rémoras, hipotecas sobre estos partidos de lo más dudosas, que difícilmente pueden responder al interés general, y que benefician únicamente a determinados consejos de administración. Desde el punto de vista del buen gobierno, de la democracia de calidad, hay que resolver la financiación de los partidos políticos, de lo contrario no se podrá disfrutar de la tranquilidad que las asambleas legislativas representan a la ciudadanía que la ha votado y generará su desconfianza.

Las evidencias que tenemos de la financiación ilegal y que no ha sido reconocido por los propios partidos políticos, han sido varias: en 1989 con el Caso Naseiro, siguiendo posteriormente por el caso Filesa, el caso del 3% en Cataluña, como también el caso Palau de la Música, etc. Actualmente se ha ido moderando la corrupción, a pesar de que ha ido yendo por otros lugares. Pone el caso de las campañas electorales de hoy, con unos costes más que considerables, que distan mucho la manera de hacer de años anteriores. Llinares dice que su preocupación es conseguir que las cuentas de las formaciones políticas sean transparentes. A más transparencia, menos corrupción.

Comenta que la Ley de bases de régimen local del año 1987 establece que los grupos municipales pueden recibir las aportaciones de las corporaciones locales para su funcionamiento, y resulta que varios ayuntamientos no quieren dar transparencia sobre en que se aplican, se gastan el dinero que reciben los partidos políticos. Recuerda que un órgano tan autorizado como la GAIP se ha manifestado dos veces en 2018 al respecto, haciendo referencia a ayuntamientos del territorio.

Recuerda que si se quiere ir con la línea de dar confianza a los ciudadanos, hay que dar transparencia de esta información. Recuerda que los partidos políticos son entidades privadas y que disfrutan del derecho de distribuir el dinero cuanto más convenga, pero que las subvenciones que reciben tienen que ser transparentes, los ciudadanos tienen que saber hacia dónde va el dinero. Considera que las retribuciones que perciben los cargos públicos españoles son muy bajas, si se comparan con otros países de Europa. El problema es que en nuestro Estado se han ido complementando estas retribuciones por estas vías fraudulentas. Este hecho pone en evidencia la calidad de nuestro sistema. Nadie da el paso de regular esta situación. Todavía no sabemos si se continúan dando estos complementos por vías fraudulentas. Se recuerda que ha habido sentencias que han acreditado la financiación ilegal pero que todavía no se quiere reconocer este hecho por los partidos políticos.

Todo ello trae en un estado de alerta y compromiso, en el que se fomenta la desconfianza, la desafección de la ciudadanía, daña la convivencia y el sistema democrático. Los partidos políticos tienen que resolver estos problemas. Hay que hacer un debate de análisis profundo de lo que ha sucedido. La financiación ilegal condiciona las políticas prácticas, no los programas, este hecho trae a la desconfianza de la ciudadanía.

Pau Bossacoma Busquets, miembro del Observatorio de la Evolución de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra, presenta un informe donde se plantea si los grupos políticos, los partidos políticos y los sindicatos pueden recibir financiación pública local, concretamente por parte del Área Metropolitana de Barcelona, y bajo qué condiciones. A pesar de que la ponencia sigue el esquema y las tesis del mismo, no entra, por cuestiones de tiempos, en la financiación de los sindicatos.

La ponencia empieza con un breve apunte histórico y comparado en cuanto a la financiación de los partidos políticos. Se destaca el predominio de la financiación pública de partidos políticos en el sistema español. Dado que la financiación pública excesiva de los partidos puede generar problemas, se señalan algunas estrategias comparadas para procurar evitar el exceso.

En relación con la distribución territorial del poder, se hace una defensa constitucional de la conveniencia de un equilibrio territorial en la financiación de partidos políticos entre los niveles local, autonómico y estatal. Este equilibrio territorial se desglosa en la conveniencia de tres sub-equilibrios: equilibrio intra-partidos, equilibrio inter-partidos y equilibrio entre niveles territoriales de gobierno. La defensa de estos equilibrios territoriales genera una justificación constitucional de algunas de las cuestiones más concretas que se abordan a continuación.

Después de estos apuntes más generales, se trata la financiación metropolitana indirecta de partidos políticos a través de las dotaciones económicas a los grupos políticos metropolitanos. Se concluye que la dotación económica a los grupos parlamentarios puede acontecer una forma de financiación indirecta de los partidos políticos con ciertos matices, condiciones y restricciones. Concretamente, se destaca la necesidad de disponer de una normativa (autonómica o local) adecuada de despliegue de la regulación básica contenida al artículo 73.3 de la Ley de bases de régimen local.

Finalmente, en cuanto a la financiación metropolitana directa de partidos políticos, se defiende que los entes locales, incluyendo el AMB, pueden financiar directamente los partidos políticos (también, está claro, con ciertos matices, condiciones y restricciones). Esta posibilidad, aun así, requiere que la normativa autonómica o local así lo prevea y regule. Haría falta, más concretamente, disponer de una regulación que garantizara un reparto equitativo entre los diferentes partidos políticos con presencia al territorio local. Esta previsión y regulación tendría que evitar la confusión entre las dotaciones económicas a los partidos y las dotaciones económicas a los grupos. Aun así, conviene tener presente que esta es una línea innovadora y que posiblemente sería criticada con dureza.

David Fernàndez Ramos, periodista y exdiputado del Parlamento de Cataluña, explica que su exposición sobre el "Panorama de la corrupción en Cataluña y el Estado español" es fruto de un trabajo en equipo, que se llevó a cabo hace dos años, cuando todavía no había datos oficiales sobre el alcance de la corrupción, sobre el alcance del impacto económico, del Ministerio fiscal y del Ministerio del Interior.

Además de la transferencia de recursos públicos a partidos políticos, hace mención a las transferencias de recursos públicos mil millonarias que se han producido en nuestro país y que revientan la economía y minan las posibilidades de bienestar social: el rescate a la banca (50 mil millones), el rescate de las radiales, el caso Castor, el cual considera como una auténtica vergüenza.

Comenta que ha habido 5 grandes focos de corrupción en el Estado español y en Cataluña:

- La financiación ilegal de partidos políticos (según un estudio de la Universidad de Gran Canaria relativo al alto coste social y ciudadano: 40 mil millones de euros, según datos de Fiscalía hay 2.400 causas abiertas, más de 3.000 investigados por causas de corrupción en España – el PP tiene 700 imputados-, etc. Cita que hay que mirar raíces históricas, de la dictadura franquista y de la dictadura de corrupción durante 40 años. Después también con la democracia se han producido casos de corrupción por parte de diferentes partidos políticos y sindicatos.

- La burbuja inmobiliaria (más de 646 casos de corrupción urbanística al estado, el tsunami inmobiliario que se decreta en 96 por Rodrigo Rato y que estalla en 2007-2008 con la liberalización del suelo, y que a los países catalanes se lleva por el delante más de 150.000 personas desahuciadas, también el sistema catalán de Cajas –el cual tenía muchas virtudes, sobre todo de nacimiento-, y ha dejado un agujero de 15 mil millones de euros, y no están en ninguna parte los responsables. Otra consecuencia es el rescate bancario derivado del ciclo inmobiliario (50 mil millones de euros), el daño a la independencia de la prensa, como también al litoral ecológico de los países catalanes, y a la democracia local.

- La concertación de obra público-privada (datos polémicos y discutidos por los más liberales de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que decía que el sobre-coste de la obra pública al Estado español suponía el 5% del PIB y se subía 48 mil millones de euros. También hace mención a los sobrecostes del régimen de deuda, de los intereses de demora que genera–donde gana el sistema financiero-, pone el ejemplo del 700% de sobrecoste de la línea 9 del metro, la C-25, o el canal Segarra-Garrigues que nunca se ha investigado.

- El fraude fiscal (16 mil millones de euros anuales en el caso catalán, más de 240 mil al Estado español, por el que pierden 80 mil millones anuales de euros. El 72% concentrado en las grandes fortunas, los grandes patrimonios y las grandes rentas, pero el 85% del esfuerzo de Hacienda está dedicado a los autónomos y pequeños trabajadores. Destacar también la 4a amnistía fiscal de Montoro, que afectó a 31.484 evasores que pudieron regularizar 40 mil millones de euros).

- Economía global del delito: habla del proxenetismo en el Estado español que mueve 18 mil millones de euros, del caso Saratoga y Riviera, donde había una trama policial directamente implicada, con tráfico y explotación sexual de personas; de los 25 clanes mafiosos que han hecho de la costa catalana un refugio para sus negocios de blanqueo y compra-abanica de inmuebles; recuerda que el 43% de la droga europea entra por el Estado español; el caso Maestro, el caso de Piqué Vidal, y la reciente investigación de la Audiencia Nacional a 10 oficinas de la Caixa por blanqueo de dinero de las mafias chinas.

Posteriormente, hace referencia a los casos de corrupción de financiación ilegal de partidos políticos, donde hay sentencias firmes: caso Filesa (Partido Socialista de Cataluña), caso Turismo, caso Trabajo-Pallarols y el caso Fundación Cataluña-Territorio (Unión Democrática de Cataluña), y el caso Palau, del que todavía no hay sentencia del Supremo (Convergència Democrática de Cataluña).

Comenta que en 2007 se incorpora la normativa de prohibición de donaciones anónimas. Del 1987 al 2007 se puso de relevo que Convergència i Unió (CIU) se llevó el 40% de todas las donaciones en Cataluña y, al Estado español, el 90% se repartían entre el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y CIU. Son datos del Tribunal de Cuentas.

Aun así, con la Ley del año 2012 de reforma de la financiación de partidos políticos se legalizan las donaciones de forma encubierta, puesto que se permiten hacer a través de las fundaciones. Añade que el gran agujero negro son las fundaciones. Pone como ejemplo el caso Petrum de Torredembarra. Que las empresas que ganan concursos públicos son las que hacen donaciones a sus partidos políticos. Cifras similares al 3%. El principal problema se llama voluntad política.

Por el que nos encontramos casos de tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, de comisiones, apropiación indebida, etc. Otra cuestión es la deuda bancaria de los varios partidos políticos, en el último informe del Tribunal de Cuentas se destaca que está en fallida Unión Democrática de Cataluña (con 22 millones de euros, que está en concurso de acreedores) e Iniciativa por Cataluña. Respecto Unión, pone de relieve que la ley no permite crear nuevos partidos en estos casos.

Estos hechos ponen de manifiesto que la dependencia bancaria se impone (quién paga, manda). Una parte es el agujero negro de las fundaciones (la laguna legal del año 2012) y la otra es el déficit del sistema político, la excesiva colonización partitocrática de la Administración Pública y la excesiva dependencia y control remoto del poder político respecto la función pública. Habla de la oleada de privatizaciones, la fuga del derecho público, los costes sociales y económicos que genera, las desigualdades interinstitucionales, la tentación partitocrática y la colonización partitocrática (nombramientos, etc), la carencia de ética de partidos políticos a la hora de dimitir, las fallas de control en la gestión pública. En este sentido reivindica donde estaban los órganos de control desde Naçeiro hasta hoy, si es que los teníamos. La contratación pública ha pasado de ser opaca a ser translúcida, a pesar de que con personas imputadas al frente de algunas de las administraciones responsables en esta materia. También hace referencia a las incompatibilidades y comenta que se ha podido retrasar hasta 2 años las puertas giratorias.

¿Quién corrompe a quién? El corrupto y el corruptor, el empresario, el político. En Carles Ramió, profesor de la UPF, sostiene que son los políticos. Comenta que el dinero debilita la democracia. La deriva es que vamos hacia una poliarquía, dejarán elegir qué élite nos gobierna, como el caso americano. Hace falta una arquitectura de la integridad y sistemas de control, públicos y sólidos.

Hace mención a la experiencia franciscana de la CUP (limitación de salario, mandato y cargo). Con mecanismos de revocación y rendición de cuentas. En las reuniones asisten dos personas, como los del PSUC, para apoyarse mutuo y también como mecanismo de control. Cita la triple R que viene del ámbito de los derechos humanos: reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. Comenta que están en la primera fase R, de reconocimiento del qué ha pasado y que hacen tarde. Sobre la reparación, dice que el dinero se esfuma, y que recuperar el dinero de la corrupción es muy lento.

Para acabar comenta que en toda comunidad humana siempre ha habido dos personajes históricos: los tiranos estructurales –los que quieren mandarlo todo- y los ladrones vocacionales –los que quieren quedárselo todo-. Contra ella, sólo hay dos instrumentos muchos frágiles, la democracia política y la ética de la decencia. Concluye que el combate de la corrupción es, fundamentalmente, ético, político y cultural.

La segunda mesa, moderada por Tomàs Font i Llovet, miembro del Consejo Asesor de Transparencia Metropolitana, se ha focalizado en los mecanismos para prevenir la corrupción asociada a la financiación irregular de partidos políticos y sindicatos: transparencia, publicidad activa y supervisión/fiscalización . Seguidamente ha pasado la palabra a los ponentes.

Gemma Calvet Barot, directora de la Agencia de Transparencia de la AMB, expone que el motivo por el cual se ha escogido el tema de la jornada ha sido porque se ha trasladado por parte de varias instituciones presentes a la mesa, también por iniciativa de algún sindicato, así como por peticiones del derecho de acceso. Desde la Agencia se ha estudiado a nivel técnico este tema, desde el punto de vista del derecho, y también a través de encargos de externos. Añade que se ha estado en contacto con otras instituciones, como la GAIP, que recientemente ha establecido un criterio en cuanto a la publicidad activa de la rendición de cuentas, que se tienen que hacer por parte de partidos políticos en relación a las ayudas que perciben de los fondos públicos. Antes pero, quiere trasladar las preguntas que surgen de este proceso de reflexión y de profundización técnica-jurídica, no exento de complejidad.

En este sentido, pregunta si ¿hay capacidad de respuesta suficiente por parte de las instituciones que tienen que responder (como los propios políticos) para actuar con consecuencia a partir del trabajo que hacen los órganos de control, fiscalización o de garantía, que emiten sus informes tanto al Parlamento como en el Congreso de Diputados? Dice que son claramente insuficientes y no por casualidad. Sin medios no hay eficacia en el control ni en el establecimiento de un criterio coherente para detectar estas anomalías o en la propuesta de implementación de mejoras.

Añade que este tema nace de una insuficiencia de información por parte de la ciudadanía, que esta no sabe en que se gastan el dinero los partidos políticos y sindicatos. A partir del derecho de acceso regulado a la Ley de transparencia se abre una ventana para acceder a esta información. A mayor información a través de la publicidad activa por parte de los organismos contables de los partidos políticos, fundaciones y sindicatos, menos sombras y conflictos de la ciudadanía sobre este asunto.

La tercera cuestión sería si ¿hay seguridad jurídica en el día a día de este funcionamiento vinculado al control interno del dinero público en cuanto a estas entidades? Comenta que hay un vacío jurídico, una ambigüedad legislativa querida. Ha habido un pacto de sostenibilidad mutua del propio sistema que nos ha traído a esta situación de indefinición y ahora tenemos que interpretar que quiere decir la ley y donde se tiene que llegar en cuanto a la rendición de cuentas.

Hay dos cuestiones polémicas: la capacidad o no de traspasar el dinero desde los grupos metropolitanos al AMB o los grupos municipales a las entidades locales o los grupos parlamentarios en el ámbito parlamentario; y en Madrid, los del Congreso, la transferencia indirecta a los espacios de los partidos políticos o las estructuras centralizadas de los partidos.

En todo caso, si se hace, se tiene que dejar una trazabilidad consignada muy clara, se tienen que establecer unos vínculos de utilidad en la actividad metropolitana, local o autonómica, de aquel criterio de destino de dinero, y se tiene que hacer un asentamiento de cuentas que sea interpretable, veraz y que permita llegar al concepto concreto de retribuciones. La ayuda de los sindicatos está mucho menos trabajado. Algunos sindicatos creen que no se los pueden considerar grupos de interés, puesto que piensan que están en el ámbito de la negociación colectiva.

Se plantea la pregunta de si ¿es posible erradicar la corrupción en términos absolutos, mediante normativa intervencionista? Cree que no, que tiene que ir acompañado de herramientas de refuerzo de la integridad, del código ético, de la prevención de conflictos de intereses, etc. Hay que compensarlo desde la ética, la publicidad activa y la rendición de cuentas.

Otra cuestión es ¿cómo se evitan las comisiones de los intermediarios si no dejan rastro económico en las adjudicaciones públicas? Una vía puede ser a través de un buzón ético, de alertadores del sector privado. Pero para que lo hagan hace falta empoderarlos para que colaboren. Habla de un estudio del doctor Amat donde se llama que un 40% de empresas actúan de forma irregular en materia de contratación. El sistema nórdico ha avanzado en este ámbito a través de la monitorización de procesos.

Volviendo a la cuestión principal, hace falta una voluntad firme en las organizaciones respecto la trazabilidad de dinero público de los partidos políticos.

Así mismo, hace mención a primeros de oportunidad del derecho penal, comenta que ha habido demasiada interacción entre el derecho penal y el oportunismo político en la persecución de la corrupción. Que el derecho penal no está exento de un uso legítimo en el sentido legal, pero que está acompañado del oportunismo político, policial y de la fiscalía. Hay que evitar el riesgo penal, evitar poner en marcha la maquinaria penal puesto que no siempre es igual para todo el mundo. A parte de que la respuesta penal no es la más saludable.

Para acabar, concluye que la transparencia de la financiación de partidos políticos y sindicatos tiene que ir acompañada del buen gobierno. En la resolución de la GAIP se llama que hace falta una información detallada de los organismos internos de los propios partidos, hay que fortalecer el cumplimiento de la Ley de transparencia, hay que respetar la publicidad activa. Su control financiero tiene que ser exigido y tiene que haber una justificación de la ayuda pública. Hace falta una trazabilidad clara del dinero.

Miguel A Gimeno Jubero, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, agradece a la Agencia la invitación y poder expresar la opinión de la OAC. Dice que el OAC no tiene competencias en materia de partidos políticos, pero sí en sus patologías que se derivan de una irregularidad en la financiación de partidos políticos. Comenta que han hecho análisis y estudios fruto de denuncias, también han participado en comisiones de control del Parlamento de Cataluña y en el Congreso de Diputados en materia de financiación de partidos políticos. También considera que el ADN de la corrupción está en todas partes, que no hay diferencias entre el nórdico y el mediterráneo. Pone algún ejemplo de corrupción centrado en países norteños, como también de Luxemburgo y Suiza respecto el sistema bancario.

Entrando en materia, centra la primera cuestión en la estructura de los partidos políticos, el comportamiento democrático o no de los partidos políticos, porque parte del problema está en el diseño y estructura de los propios partidos, y después conduce a consecuencias patológicas. Dice que afortunadamente, a partir de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que modificó el CP, los partidos políticos que quedaban fuera del ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se incluyeron dentro de esta responsabilidad penal. Uno de los problemas de los partidos políticos es que tienen, por un lado, un apoyo constitucional del artículo 6 de formar la voluntad popular y, por otro lado, son una sociedad de carácter privado. Por el que es difícil ligar esta combinación público-privada, hecho que comporta dificultades y problemas. Dice que no es suficiente la responsabilidad penal, puesto que el tipo de control del art.31 bis es de compliance defensiva, puesto que está pensado en términos de eximente o atenuante ante una comisión de determinados delitos. Que el Código Penal no sirve para todo.

El otro enfoque es la autoregulación. Cree que no hay una presión institucional suficiente para que ésta se haya desarrollado suficientemente, dice que se ha mejorado pero la percepción de la sociedad no dice el mismo. Hay un grado de desconfianza de la ciudadanía hacia estos temas (los partidos políticos y su financiación) muy elevado. Hace falta un control de la militancia hacia arriba (de abajo hacia arriba), que ahora no está. Los derechos de gestión y control de la asamblea no está demasiado delimitado o bien lo está demasiado, la cuestión es que no se lleva a cabo la publicidad activa. No sólo en cuanto al dinero, sino al comportamiento de las personas que forman parte de ellos.

El cumplimiento que se hace de los partidos políticos de esta autoregulación es muy formal, no se hace un salto. La figura de los alertadores no está dentro de los partidos políticos. En el ámbito de la contabilidad, hay que decir que a pesar de existir un plan contable de los partidos políticos, este actúa como el de un plan contable de una empresa privada. Por lo que hay que ser más exigente dado que se trata de un partido político. Hace falta una contabilidad comunicacional y que sea íntegra, todo el mundo tiene que poder acceder, ciudadanía, electores, militantes.

La financiación irregular se hace a través de fundaciones de partidos políticos y de entidades vinculadas. El registro de fundaciones estatal no existe propiamente. Hay la ley de partidos políticos que incluye las entidades, pero el registro es voluntario. En Cataluña, el censo de asociaciones de Cataluña y fundaciones vinculadas a partidos políticos se creó en 2015. Según un estudio sólo había 8 fundaciones vinculadas inscritas. No hay una actuación de fiscalización por parte del registro sobre la obligatoriedad de su inscripción. No hay una actuación activa respecto la Dirección general competente de la Generalitat en este asunto. Tampoco se prevé la inclusión de mercantiles vinculadas con fundaciones de los partidos políticos, que es por donde viene la financiación ilegal. Añadir que de las 8 fundaciones, 4 no tenían publicidad activa y las que tenían esta era manifiestamente insuficiente. Tampoco hay sanciones como reacciones al respecto de la carencia de la publicidad activa. Por el que se plantea una situación de opacidad interesada e instrumental, puesto que la normativa lo permite, porque en una entidad vinculada no hay inconveniente en que se pueda financiar partidos políticos.

Para solucionarlo propone la creación de un registro público, además de lo que dice el Tribunal de Cuentas, de entidades vinculadas a partidos políticos, y que la misma autoridad tenga capacidad y competencias de oficio para que pueda incluirlas en el registro (inscribirlas) y también fiscalizarlas. También ampliar la transparencia a la ciudadanía, la publicidad activa.

Para acabar, hace referencia a la transparencia técnica, que se formaría por la anticipación, la prevención, los riesgos. Hay que determinar qué acciones tendrían que estar incluidas como riesgo objetivo. Con un mapa de riesgos que tienen algunas de estas organizaciones de las que se ha hablado se garantiza que se dote a los órganos de control de medios personales y herramientas normativas suficientes, para garantizar el acceso y las posibilidades efectivas del tratamiento y explotación de los conceptos.

Tomas Font, miembro del Consejo Asesor de Transparencia Metropolitana y moderador de la mesa, hace mención al autocontrol y el heterocontrol, estas dificultades que los propios actores en el ámbito de los partidos ejerzan un control interno, hecho que nos traería a pensar cuál es el papel de los militantes, de su carrera política, su profesionalización. Por otro lado, hace referencia a la necesidad del papel comunicacional entendedor de los partidos políticos. El derecho a conocer para comprender como funcionan las estructuras sociales, y también comprender para controlar y, por lo tanto, controlar los partidos políticos. Necesidad de la publicidad y transparencia. Comenta que hace falta lo mismo en cuanto a las entidades o empresas vinculadas a los partidos políticos.

Jaume Amat y Reyero , síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, agradece la invitación de la directora de la Agencia de Transparencia. Cree que entre todos hemos incrementado la desconfianza en el sistema y que hay que recuperarla, hay que volver la confianza a la ciudadanía en el sistema político, el sistema de partidos políticos.

Como cuestión previa plantea la pregunta siguiente: ¿Qué es un partido político? ¿Se trata de un partido político, una coalición, una agrupación de alertadores, o de entidades relacionadas? hay que identificar bien el sujeto puesto que cada uno tendrá unas obligaciones y un marco legal específico diferente. Las personas jurídicas son diferentes en función de lo que estemos hablando. Por lo que hay que identificar bien la naturaleza jurídica.

Si hablamos de las dimensiones del ámbito político, hay que tener en cuenta que según el último informe del Tribunal de Cuentas, si sumamos todos los ingresos de un año electoral de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y grupos relacionados del Estado español, ya sean públicos o privados –banca, etc-, llegan a 320 M€. Cuando no es un año electoral, la cuantía de ingresos llega a 250m€. Como referencia de sí es poco o mucho, pone, como ejemplo, el presupuesto de ingresos anual del AMB, que es superior a 680M€, es decir, más del doble de todo lo que ingresan todos los partidos, federaciones, coaliciones, etc de todo el Estado español.

Así mismo, si se separa entre privado y público, el 80% de los ingresos del sistema político español, es público, es decir, unos 200M€. En el caso del AMB, este año ingresará con subvenciones públicas 370M€. Quizás esto trae a pensar que los partidos ganan muy poco. Pone el ejemplo de los países anglosajones los cuales disponen de una financiación muy superior. Así mismo, comenta que hay que reflexionar también sobre si tiene que ser pública o privada, y que el sistema electoral está mal planteado.

Todo y la desconfianza, dice que algunas cosas han mejorado, que ha habido un refuerzo desde el año 2015 para dar más transparencia y confianza a la ciudadanía.

Otra cuestión importante es que hay que determinar bien las responsabilidades de los partidos políticos . Actualmente la responsabilidad recae en los tesoreros de los partidos políticos, pero tendría que ser de los órganos de gobierno del partido, como sucede en la empresa privada o banca, donde la responsabilidad recae en el consejo de administración.

Dice que la Sindicatura de Cuentas es un órgano externo, que tiene como ámbitos competenciales, por un lado, la fiscalización de los gastos electorales de las campañas al Parlamento de Cataluña y, en segundo lugar, hasta hace poco (2015), tenían la fiscalización de la actividad económica y social de los partidos políticos en representación al Parlamento de Cataluña. A través de una ley orgánica del 2015 esta última competencia ha recaído en exclusiva al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el único al Estado español que tiene la competencia de fiscalizar la actividad económica y social de los partidos políticos. Pero el legislador estatal se descuidó de mencionar las entidades relacionadas (fundaciones y asociaciones), las cuales se continúan fiscalizando por la Sindicatura. Y también se descuidó de fiscalizar a los partidos políticos que no se presentan a las elecciones al Estado español, con lo cual, la CUP, por ejemplo, no está fiscalizada por nadie.

Por otro lado, hablando de contabilidad, dice que hizo el ejercicio de entrar a toda la contabilidad de todos los partidos políticos y analizarla. Comenta que gracias a que el Tribunal Cuentes aprobó en 2014 un plan contable para los partidos políticos, hay una cierta homogeneidad entre los partidos grandes. Desde el 2014, a través de este plan contable se obliga a consolidar y agregar todos los datos de todo el ámbito territorial en una sola contabilidad (no sólo la sede central del partido, como pasaba antes).

Respecto las memorias económicas de los partidos políticos, comenta que su contenido es muy pobre, tampoco nadie se los exige. Pone el ejemplo que el artículo 15 de la Ley de financiación de partidos políticos de 2007 obligaba a todos los partidos políticos a tener un control interno, una auditoría interna. Pues bien, hasta el 2016-2017 ningún partido político lo había presentado. Ahora ya todos lo tienen. El problema es que no concreta qué es el control interno. La ley no está desplegada.

En cuanto al balance, dice que mirando el inmovilizado material de un partido político (edificios, etc) no se encuentra nada (no hay sede). Entonces se observa lo que contiene la fundación del partido y se ve que está todo allá. Esto no es ilegal, pero sí que puede producirse que se pasen fondos, a través de contratos de alquiler, del partido a la fundación. Si pasa a la inversa, que sucede con más frecuencia, de la fundación al partido, le está regalando el precio del alquiler. Esto es una manera de traspasar fondo de la fundación hacia el partido. Se ve en las cuentas.

Si se va al pasivo, se perciben las condonaciones de las deudas bancarias de los partidos políticos. Comenta que hay que revisar las deudas antiguas que hace años que se arrastran. El Tribunal de Cuentas lo está pidiendo.

Según el último informe del Tribunal de Cuentas, de 30 partidos políticos que fiscaliza, en 11 da una opinión negativa de sus cuentas, que su contabilidad no reflexa la realidad económica del partido. Uno de estos es Ciutadans.

En cuanto a los gastos electorales, que sí son fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas, comenta que en Cataluña no hay ley electoral que regule o desarrolle la Ley básica (LOREG). Añade que la revisión de los gastos electorales no es de la política de la campaña electoral de las formaciones políticas, sino que se controla si la subvención que reciben del gobierno está razonada según la norma que marca la subvención, y aquí hay el problema, que se están haciendo revisiones sobre cuestiones que están desfasadas (ex: importancia de las vallas publicitarias, de las falcas a las radios, etc), pero no hay en el análisis el apartado de información y publicidad a los medios digitales. Así mismo, dice que la mitad del gasto electoral son unos 11M€, la mitad es @mailing, sobres a casa, no tiene ningún sentido, además lo paga todo la Administración.

Hay otro problema añadido a la carencia de desconfianza del sistema, que es la financiación de los partidos, puesto que las entidades financieras no se fían de los partidos políticos y entonces no los financian. Por lo que los partidos tienen que hacer inventos para financiarse a través del crowdfunding, microcréditos, etc, que son alegales, puesto que no están regulados a la LOREG. Por lo que se pide al poder legislativo que lo regule.

Otro punto a destacar es la limitación de aportaciones de personas físicas a campañas electorales, qué es menor (10.000€) a la aportación a partidos políticos, qué es de 25.000€. En relación con los grupos institucionales, no tiene sentido que financien las campañas electorales de los partidos políticos. Hay que regularlo, puesto que está en el aire la transferencia de unos a los otros.

Carencia de formación y de información necesaria de los administradores de partidos políticos: comenta que cuando empieza una campaña, los administradores de partidos políticos consultan como es debido hacerlo, tienen muchas dudas. Esta carencia de información del gestor es muy grave y es muy difícil de solucionarlo. Pone la anécdota de la Junta electoral central del Reino Unido, la cual publica en su web de forma detallada toda la información necesaria que necesitan los partidos políticos, qué obligaciones tienen, de qué manera, si pueden hacer donaciones, etc. En España se echa de menos este servicio por parte de los órganos competentes, se dirige directamente al BOE. Hay una carencia muy manifiesta para que las cosas salgan bien. La transparencia se echa de menos en nuestro país. Podría copiarse a la manera en que lo hacen en otros países para solucionar este problema.

En cuanto al sistema de sanciones, añade que las sanciones son muy pocas y que el trámite es muy complejo.

Para acabar reivindica que hay que hacer un voto para incrementar la confianza en el sistema, porque es el único que hay.

Finalmente Tomàs Font concluye que se pone de manifiesto las deficiencias técnicas del sistema normativo, organizativo y funcional de la fiscalización y control del gasto de los partidos políticos. Dice que hay posibilidades y límites de los mecanismos de fiscalización y control como preventivos en materia de riesgo de corrupción sobre la financiación de partidos políticos. Así mismo, cree que sería bueno plantear el núcleo de verdad del problema, que según él recae en la excesiva colonización de la Administración a través de partidos políticos, es decir, la atribución de competencias resolutorias a órganos políticos en la estructura de las Administraciones Públicas.

Plantea la cuestión de si ¿puede haber una distinción entre Gobierno y Administración? ¿Los partidos políticos gobiernan, ordenan, planifican, regulan y orientan y la Administración adjudica (funcionarios públicos) derechos de contenido económico (licencias, contratos, subvenciones, nombramientos)?

Cree que de este modo se podría reducir la causa del problema, es decir, la relación directa entre partido político y decisión pública que otorga contenidos patrimoniales, derechos. Este sistema existe, se implantó en Italia, en 90. Para llevarlo a cabo, haría falta una formación extraordinaria del alto funcionario inamovible. El Tribunal Constitucional italiano avaló que esta era la solución correcta de hacer posible el principio constitucional de imparcialidad de la Administración Pública.