Hoy, el pleno del Consejo Metropolitano ha aprobado definitivamente el Código Ético y de Conducta para los altos cargos del AMB y de las Entidades vinculadas con el apoyo unánime de todos los grupos políticos metropolitanos. El texto acordado hoy había sido aprobado inicialmente el pasado 5 de octubre a propuesta de la Agencia de Transparencia después de un largo proceso de debate donde participaron numerosos cargos electos y directivos a quienes el código les será de aplicación. Durante el periodo de información pública, la Oficina Antifraude de Cataluña y los grupos políticos metropolitanos del Partido Demócrata (PDeCAT) y del Partido Popular (PP) presentaron alegaciones y observaciones que han sido parcialmente estimadas e incorporadas al texto definitivo.

Durante el pleno, la directora de la Agencia de Transparencia, Gemma Calvet, ha explicado que han abordado las alegaciones presentadas con voluntad integradora y se han recogido todas aquellas que, de alguna manera, no quedaban recogidas en la propuesta inicial. La incorporación de estas alegaciones refuerza el concepto de integridad institucional, diferencia los procesos de contratación pública de la selección de personal y amplía los conflictos de intereses al cuarto grado de consanguinidad, pero en ningún caso representan ninguna modificación sustantiva del texto original.

El texto definitivo ha sido aprobado con el voto favorable de todos los grupos políticos metropolitans. Sin embargo, el PP, a pesar de celebrar la incorporación de sus enmiendas, ha lamentado que el código no recogiera explícitamente los conceptos de ejemplaridad, rectitud y cumplimiento de la legalidad, la prohibición de la publicidad institucional con finalidades de promoción política y que el código ético no se haga extensivo al personal eventual. La CUP, que también ha votado favorablemente, ha aprovechado para reclamar un uso transparente y responsable de los fondos públicos que reciben los grupos metropolitanos y que se garantice su fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas. Por último, el PDeCAT ha considerado atendidas conceptualmente todas sus alegaciones y algunas que hacían referencia al control efectivo consideran que ya quedan cubiertas por los mecanismos previstos por el propio código.

El Código Ético y de Conducta para los altos cargos del AMB y entidades vinculadas establece una serie de principios, valores y compromisos éticos que tienen que presidir la actuación de los altos cargos. Estos compromisos incluyen el deber de actuar de forma transparente en la gestión pública, de rendir cuentas a la ciudadanía de sus políticas, de ejercer un liderazgo ético, íntegro, honesto, leal, imparcial y autocrítico en la gestión directiva y de colaborar con la Agencia de Transparencia y los otros servicios de control internos y externos en la implementación y evaluación del cumplimiento de este código.

El Código Ético y de Conducta es de aplicación a todos los miembros del Consejo Metropolitano, a los miembros del Gobierno Metropolitano y a los directivos del AMB (gerente, directores de área y directores de servicios), así como a los altos cargos y directivos de todas las entidades vinculadas al AMB. Todos ellos tendrán que firmar una declaración de adhesión al código.

Uno de los aspectos más innovadores del Código Ético y de Conducta es que incorpora un cuestionario para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses con empresas proveedoras del AMB. A tal efecto, se tienen que declarar los intereses económicos o profesionales de los altos cargos y directivos del AMB, de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad (cónyuge, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, primos, etc.). También se tienen que declarar los vínculos familiares con los altos cargos o el personal del AMB.

Con la aprobación definitiva del Código Ético y de Conducta de los altos cargos, el AMB da cumplimiento al compromiso de elaborar e implementar el código de conducta de los altos cargos, recogido al Plan de Actuación Metropolitano 2015-2019 en aplicación de la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña.