Una delegación de la Agencia de Transparencia, encabezada por su directora, Gemma Calvet, ha participado en el Congreso Internacional de Transparencia que este año ha tenido lugar en Cádiz. Después de las dos primeras ediciones, celebradas a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en esta ocasión el congreso se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Por tercer año consecutivo, la Agencia de Transparencia ha participado en este congreso en el cual se encuentran representantes institucionales, del mundo académico y de las administraciones públicas del Estado y otros países para debatir y compartir los retos que plantea la aplicación de un modelo de gobernanza basado en la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Este año, la directora de la Agencia de Transparencia, Gemma Calvet, ha participado como ponente en un seminario sobre transparencia comparada y casos nacionales dónde ha expuesto la génesis de la Agencia de Transparencia, así como las iniciativas y los retos que tiene planteados para implantar el buen gobierno al conjunto de la administración y el sector público metropolitano. Además del caso del AMB, en este seminario también se ha tratado sobre las políticas de transparencia y gobierno abierto de Chile, México, Italia, el Perú y de los municipios de España y Portugal.

Paralelamente, en el marco de este congreso, los representantes de varios órganos de garantía y control de la transparencia participantes han acordado subscribir una declaración institucional para conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber y para llamar la atención a los poderes públicos de la importancia de disponer de unos órganos de control fuertes que puedan garantizar los derechos de la ciudadanía ante la opacidad con la que todavía actúa la administración pública. Entre otros aspectos, la Declaración de Cádiz reclama considerar como un derecho fundamental el derecho de acceso a la información pública, dotar de los recursos humanos y materiales suficientes a los órganos de control y garantía de la transparencia, simplificar el procedimiento para acceder a la información, concretar los límites del derecho de acceso y desplegar la potestad sancionadora.

La directora de la Agencia de Transparencia del AMB ha subscrito la declaración, junto con representantes de las autoridades de control de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, y una treintena de entidades de la sociedad civil comprometidas con la transparencia y la participación ciudadana.