La contratación pública se presenta como uno de los ejes vertebrales de la gestión pública y requiere una visión estratégica, en cuanto a su carácter instrumental al servicio de las políticas públicas, por lo que debe configurarse como contratación pública socialmente responsable, al servicio de la innovación, transparente y orientada hacia la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esa contratación, para responder adecuadamente a la finalidad instrumental que permite alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tiene que ser una contratación íntegra, centrada en la defensa del interés público, en un entorno complejo con múltiples intereses económicos convergentes, y para ello la transparencia es una característica imprescindible para preservar esa integridad, así como para facilitar un sistema de banderas rojas (red flags) que permita detectar no solo los incumplimientos que deriven en responsabilidades de todo tipo, sino también aquellas irregularidades que produzcan ineficiencias en la utilización de los recursos públicos, en contra de los postulados del buen gobierno y la buena administración.