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Urbanismo, planificación, contratación y riesgos de corrupción

Urbanismo, planificación, contratación y riesgos de corrupción

10ª Jornada: Urbanismo, planificación, contratación y riesgos de corrupción

Miércoles, 13 de febrero de 2019 | Sala de actos del AMB

A menudo los casos judicializados por delitos vinculados a la corrupción se han producido en el ámbito de la planificación, gestión y contratación urbanística. El fenómeno de la corrupción mengua la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas y el sistema democrático, y las políticas de transparencia son el antídoto preventivo para los riesgos penales existentes y para unas inercias que a menudo no garantizan la seguridad jurídica.

Hay que poner de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y control de la actividad urbanística y de los procesos de licitación derivados del nuevo planeamiento urbanístico resultante. Las nuevas directivas de contratación pública ponen de relieve la necesidad de planificar, reforzar el fraccionamiento, impulsar la participación de las pymes, asegurar el control de las ejecuciones y prevenir subcontrataciones precarias o que desvíen la calidad del proyecto contratado en cualquier aspecto, tanto técnico como económico y de retribuciones laborales.

Es necesario recordar que el desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racional del territorio y el medio ambiente y comporta aunar las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, con objeto de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Por eso, en ningún caso se puede obviar el interés general que tiene que prevalecer en toda actuación urbanística que se lleve a cabo y, por lo tanto, establecer criterios de buen gobierno.

Así pues, desde la Agencia de Transparencia ofrecemos una jornada técnica que aborde, de manera interdisciplinaria, como lograr un buen gobierno y una buena administración en el ejercicio de la actividad urbanística y económica que se deriva, y a la vez informar sobre los riesgos penales derivados del ejercicio de las autoridades y de los funcionarios públicos, y del sector privado, en el ámbito urbanístico y en materia de contratación.

Díptico informativo de la 10ª Jornada de transparencia

8.45 h Inscripciones

9.00 h Bienvenida y presentación a cargo de Gemma Calvet Barot, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, y Janet Sanz Cid, cuarta teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidenta del Área de Planificación Estratégica del Área Metropolitana de Barcelona

9.30 h La transparencia en la planificación urbanística, económica y de contratación

Intervienen:

Francesc Magrinyà Torner, doctor urbanista e ingeniero de caminos, canales y puertos, urbanista y director de Planificación Estratégica del Área Metropolitana de Barcelona

Maria Buhigas San José, arquitecta urbanista y fundadora de Urban-Facts

Joaquim Calafí, arquitecto, director de Servicios Técnicos del Consorcio del Besòs

José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

Joan Xirau Serra, director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña

Modera: Zaida Muxí Martínez, arquitecta, directora de los Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

11.30 h Pausa café

11.50 h La prevención y los riesgos penales derivados del ejercicio de las autoridades y de los funcionarios públicos en el ámbito urbanístico y en materia de contratación

Intervienen:

Antoni Pelegrín López, fiscal coordinador de la Sección de Medio ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Barcelona

Elisenda Malaret y García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona

Fermín Morales, abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona

Òscar Capdeferro Villagrasa, doctor de la Universidad de Barcelona. Miembro del Instituto de Investigación TransJus de la Universidad de Barcelona

Modera: M. Assumpció Puig y Hors, decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña

14.00 h Clausura a cargo de Sebastià Grau Àvila, coordinador general de Servicios Jurídicos y Administrativos del Área Metropolitana de Barcelona y Gemma Calvet Barot, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona

Bienvenida y presentación

Gemma Calvet Barot , directora de la Agencia de Transparencia de la AMB, ha presentado la sesión del Aula de Transparencia, relativa al urbanismo, la planificación, la contratación y a los riesgos de corrupción. Ha manifestado el interés y la necesidad al llevar a cabo esta jornada y seguidamente ha pasado la palabra a la señora Janet Sanz Cid, cuarta tenienta de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.

La señora Sanz dice que se trata de una jornada indispensable para exponer reflexiones que tienen un impacto muy importante, también para tener un espacio de reflexión. Que hay necesidad de disponer de más de luz con los técnicos y los políticos. Hace falta que desde la Administración se aborden estas materias. Hay que saber qué pasa con los recursos públicos. El urbanismo no es una disciplina neutra, sino que responde al interés general. Es una de las materias que genera conflictos de intereses. La importancia de establecer canales de información. La transparencia forma parte de las instituciones y, en este sentido, desde el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB se han creado agencias de transparencia y consejos asesores, incluso se ha creado un buzón ético en el Ayuntamiento.

Hace falta seguridad y garantía en los procedimientos urbanísticos y también rendición de cuentas, a través de los procedimientos de participación ciudadana. Ciudad abierta, transparente y colectiva. Hay que ser contundente en la denuncia de conductas opacas. Menciona el caso del Palau, el proceso de tramitación del planeamiento opaco. También cita el trabajo que se ha hecho con el nuevo contrato de las Glorias (proyecto de infraestructuras). A raíz de esta situación el Ayuntamiento de Barcelona ha rescindido el contrato de obras y ADIF se ha planteado rescindir contratos.

Hace falta una nueva manera de hacer con más transparencia, más compromiso.

La señora Calvet dice que Begoña Roman ha cerrado un documento sobre la guía de criterios éticos en la planificación urbanística y que está en el portal de transparencia de la Agencia de Transparencia del AMB.

Añade que los ponentes vienen de la mano del Consejo Asesor Metropolitano de Transparencia, que no ha sido fácil conciliar corrupción y urbanismo, se ha hecho desde la visión preventiva. El Tribunal de Cuentas ha destapado un sobre coste de aproximadamente un 500% de las obras de la Sagrera. Sobre costes de unos 7000 millones en tres estaciones del AVE. No sólo pasa en España, a nivel internacional también hay corrupción.

Comenta que la gestión de residuos y el urbanismo son los dos espacios con más corrupción. Dice que la transparencia es ética aplicada y que el urbanismo es una política, que se basa en unas normativas centradas en el espacio público y la Constitución. Los expertos aportarán la vertiente de una planificación estratégica, también las modalidades de contratación.

Comenta que hay resistencias en estas materias, que se ha invitado a muchas personalidades de ámbitos específicos y no han querido participar.

Así pues se ofrece esta jornada para romper el tabú, y quizás se crea un grupo de trabajo sobre este tema en la línea de elaborar recomendaciones.


La transparencia en la planificación urbanística, económica y de contratación

La primera mesa se ha centrado en la transparencia en la planificación urbanística, económica y de contratación. El señor Sebastià Jornet Forner, presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio de Arquitectos de Cataluña, han presentado la mesa y disculpa la participación de la decana del COAC. Dice que se habla de ética, cultura y formación. Comenta que desde el COAC han hecho un libro sobre cómo funcionan las reglas del juego del urbanismo, explica las diferentes reglas en diferentes países (Tokio, Inglaterra, Alemania, etc) y el concepto de civil servant en los países anglosajones. Añade que la jornada aportará más a la temática y la mesa es diversa y muy complementada. Participación y transparencia son herramientas clave para el urbanismo. Hace referencia a la Ley de la arquitectura y la Ley 9/2017, de contratos del sector público. Dice que el urbanismo es una profesión de riesgo. Seguidamente pasa la palabra a los ponentes.

El señor Francesc Magrinyà Torner, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, urbanista y director de Planificación Estratégica del Área Metropolitana de Barcelona, dice que hay dos puntos esenciales, la disciplina urbanística ha derivado al ámbito del derecho, y se ha olvidado de la visión multidisciplinar. Que se quiere jugar en el cambio del valor del suelo. En este sentido comenta que en el norte se está pensando, pero que en el sur, no, por lo que hasta que no se hable en este sentido, no se podrá cambiar nada.

Comenta que en Francia se financian con las colonias y en España con los partidos políticos, que hay bancos, constructores y proyectistas. El síntoma que tenemos una buena deontología es que los modificados pueden tener un 30% de variación. Cree que los técnicos del estado español saben mucho y trabajan por todo el mundo, la clave es afinar con los costes.

Hace referencia al ingeniero y urbanista Ildefonso Cerdà, en las 5 bases de la planificación (técnica, jurídica, económica, administrativa y política). Que hemos pasado de un urbanismo de calle a un urbanismo de redes. Hace falta deontología y cambios. Hay diferentes fases en las redes con paradigmas totalmente diferentes. Cita a Jeremy Rifkin. Comenta que hemos pasado de un modelo feudal a un modelo finalista y ahora al poder financiero. Para acabar cita de nuevo algunos casos de corrupción como el de Glorias.

Maria Buhigas San José , arquitecta urbanista y fundadora de Urban-Facts, comenta que quiere compartir experiencias. Hace referencia a la jornada de Naciones Unidas que se hizo en Barcelona sobre urbanismo legal. Dice que tenemos un problema: construir ciudad es el mecanismo más fácil para blanquear dinero. Hoy en día se hacen ciudades en el mundo para blanquear dinero. Por lo que tenemos un problema y a la vez un reto legal. Habla de lo que es urbanismo (artículos 1, 2 y 3 del TRLU), que en el ejercicio del urbanismo hay la tarea de armonizar diferentes ámbitos, que no hay conciencia que el suelo es un bien escaso, como el agua.

El conflicto de intereses es inherente. Cae sobre las instituciones, pero al final son personas concretas. Hay una carga de estas personas que trabajan en este ámbito. También menciona los polígonos industriales, de cómo se han planteado, de la toma de decisiones generando segregación social y desigualdad. Cita la diversidad de actores en el urbanismo, todos ellos con sus mochilas. Explica la experiencia del planeamiento urbanístico, que es mucho más compleja y enrevesada que la teoría. Hace el símil con el juego de mesa de la oca.

Añade que no siempre cuando hay más detalle, hay más control. Pone el caso de Alemania, donde hubo mucha corrupción con la Ópera. Dice que hay micro intereses en la participación, que eternizar procesos tiene un sobre coste económico y social. Cita que la transparencia implica un cambio de cultura. Acaba diciendo que el urbanismo no puede arreglarlo todo.

El señor Joaquim Calafí, arquitecto, director de Servicios Técnicos del Consorcio del Besòs, explica las malas praxis en la tramitación urbanística, ha tomado experiencias urbanísticas del AMB para ver donde ha habido más modificaciones. El momento del inicio y la oportunidad es la parte más importante. No son procesos compartidos, se hacen en pequeño comité, no hay un debate real. Aboga por la participación ciudadana pero alerta de los peligros que puede comportar. Habla de la complejidad de la tramitación urbanística. Dice que antes había las ponencias técnicas y que después las suprimieron, dejando sólo las políticas. Él cree que es un error. No se tiene que confundir el límite de lo que marca la ley, con la norma. Que hay un problema en el equilibrio entre cargas y beneficios, la sostenibilidad económica. Cita casos de corrupción donde ha habido sobre costes (ej. línea 9 del metro que ha pasado de 2.000 a unos 16.000 M€). En el planeamiento se define la hoja de ruta, pero en la ejecución del planeamiento la cosa se pone muy laxa. La tardanza en la ejecución del planeamiento hace que el valor del suelo varíe. No hay control sobre esto. En la época de la burbuja se llevaron a cabo una serie de planeamientos que ahora son inejecutables, inasumibles.

Propone que haya un informe anual sobre el estado de ejecución del planeamiento. Acaba diciendo que esta metodología de hacer en el AMB a través de modificaciones puntuales del PGM no es la mejor manera de hacer, que hace falta un plan actual (plan director urbanístico).

El señor José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, dice que tenemos una situación urbanística española muy compleja, seguramente la más del mundo. La igualdad de derechos, el plan jerarquizado, la visión holística, la rigidez en el planeamiento, las leyes híper reguladoras, la seguridad jurídica, no han servido para evitar la corrupción. Cree que es un error regular para evitar las irregularidades y no para mejorar. Habla de la Ley 9/2017, de la monitorización del contrato que han creado algunos organismos (ayuntamiento de Madrid, la CA de Valencia, etc). Dice que una administración pública eficiente necesita discrecionalidad, tiene que gestionar servicios, que estas tareas no puede hacerlas el juez. Una administración tiene que dar realidades diferentes. El que hace falta es moralidad. Dice que hay más participación pública en nuestro sistema que en muchos otros. No es partidario que haya más luz.

Cree que la proliferación de convenios urbanísticos no es tanto el convenio sino la necesidad. La actividad pasiva de la justicia y la administración. Cree que es un problema de mentalidad y no de normativa. Cita el caso de Valencia, donde el problema no era la ley sino las personas. Cree que donde se genera más corrupción es en la adjudicación de obra pública, las transferencias urbanísticas y las plusvalías. Dice que no siempre una detección de la corrupción implica una mejora política (caso de Italia). Hay irregularidades en suelo no urbanizable que son delitos, pero no son corrupción. Que se trata de cultura urbana, de sociología. Qué es imprescindible la acción de restauración. Concluye diciendo que hay que simplificar la regulación del urbanismo.

El señor Joan Xirau Serra, director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña, explica el origen de la oficina Antifraude de Cataluña que se produjo a raíz del agujero del Carmelo. Cree que es difícil pensar en los cambios políticos si no pensamos en los casos de corrupción. Hay que dar respuesta. Diu que tenemos muchos organismos de control y hace falta que sean independientes. Propone ideas:

— Transparencia: integridad institucional, ética de valores, interés general. Es un instrumento más para hacer organizaciones.

— Transparencia y corrupción: habla de la organización Transparencia Internacional, que su leitmotiv es la lucha contra la corrupción.

— Intento de conseguir organizaciones íntegras, independientes, derivado de problemas de desconfianza.

Cree que en cuanto a la contratación, a través de la Directiva del año 2014 hay más control. El 54% de la actividad por denuncias de la OAC es sobre contratación. En cuanto al urbanismo, hace referencia a las conclusiones del CENCORP 2017 en materia del urbanismo:

— Elevada opacidad y gran discrecionalidad que combinada lleva a la arbitrariedad.

— Insistir en la evaluación de riesgos. Hay una estructura insuficiente de recursos y una falta de profesionales. Proceso decisorio local. Hay que profesionalizar los técnicos y reforzar la participación ciudadana, incorporar más control social.

— Hay que dotar las administraciones de más recursos a la discrecionalidad.

La visión del CENCORP 17 es de preocupación.

El barómetro del OAC dice que los ámbitos donde hay más corrupción son:

— 1er. Obras públicas

— 2dónde. Urbanismo

— 3er. Justicia

El informe del defensor del pueblo dice que hay un cierto freno. Las administraciones públicas han llegado al máximo de transparencia.

Reflexiones comunes en el ámbito de la contratación y el urbanismo:

No hay marcha atrás (más participación y más transparencia).

La complejidad de la materia (estos elementos se tendrán que integrar en la agenda).

Necesaria discrecionalidad de los técnicos. Hace mención al artículo 55 del Estatuto del empleado público "profesionalidad, independencia e imparcialidad". Aquí sí que tiene que haber discrecionalidad.

Conclusiones:

1ª Sobre la discrecionalidad técnica:

Hay que tener esta discrecionalidad técnica. Ahora bien, hay que saber cómo se han seleccionado estos técnicos, como se han nombrado. Están contraindicados los interinos, comisiones de servicios, etc. El concepto de civil servant es totalmente diferente a estas prácticas. No puede ser que despachos técnicos controlen los políticos y la Administración Pública. Los políticos tienen que tener limitadísima la toma de decisiones. El rol de los políticos electos es la planificación estratégica pero la discrecionalidad urbanística tiene que ser sólo técnica. Hace falta desvincular los procesos urbanísticos de los electorales.

2ª Sobre los conflictos de intereses:

Hay que publicar las agendas de los políticos y de los jefes técnicos de urbanismo y la agenda de quien tiene contratado el planeamiento urbanístico de un municipio. Los políticos quieren poner huella normativa? Hay que gestionar los conflictos de intereses en la administración local y la Generalitat.

3.ª Integridad, supervisión e inspección:

¿Nuestro trabajo se hace con integridad? ¿El mensaje está claro o difuso? Hace falta supervisión técnica, expertos y canales de denuncia en la organización. ¿El servicio de inspección funciona, es autónomo? Hace falta hacer hincapié en la figura de los alertadores. Falta capacidad de control e inspección.


La prevención y los riesgos penales derivados del ejercicio de las autoridades y de los funcionarios públicos en el ámbito urbanístico y en materia de contratación

La segunda mesa se ha focalizado en la prevención y los riesgos penales derivados del ejercicio de las autoridades y funcionarios públicos en el ámbito urbanístico y en materia de contratación . En esta mesa ha intervenido el señor Antoni Pelegrín López, fiscal coordinador de la Sección de Medio ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, la señora Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y el señor Òscar Capdeferro Villagrasa, doctor de la Universidad de Barcelona. Miembro del Instituto de Investigación TransJus de la Universidad de Barcelona. La mesa ha sido moderada por la señora Gemma Calvet Barot, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona.

La señora Gemma Calvet Barot, directora de la Agencia de Transparencia de la Área Metropolitana de Barcelona, comenta que cuando se habla de transparencia es para mejorar y colaborar, y no en visión negativa. Dice que es de agradecer la participación del señor Pelegrín, por su trayectoria, que es muy importante valorar el papel de los actores jurídicos que mantienen el rol de imparcialidad.

El señor Antoni Pelegrín López, fiscal coordinador de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, hace referencia al Código Penal, al rol de reforzar el carácter preventivo, reforzar una fiscalía de medio ambiente y urbanismo para promover la acción de la justicia ante funcionarios y autoridades públicas que constituyen delitos (artículos 319 y 320 del CP). Comenta que están en coordinación con fiscales, agentes rurales, ciudadanía, etc. que les comunican hechos delictivos como por ejemplo construcciones ilegales. Los ayuntamientos normalmente no informan.

Menciona que no disponen de equipos de abogados, que trabajan en coordinación con la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, con el Servicio de Protección de la Legalidad Urbanística. No tiene claro que se tenga que cambiar la normativa, que cuando una norma se quiere incumplir, se incumple. Posteriormente hace referencia a casos concretos que llegaron a Fiscalía.

La señora Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, felicita al equipo que ha organizado la jornada. Inicia su intervención poniendo de relieve que la administración sólo sirve el interés general, que la administración interviene e interactúa con particulares a través de los contratos, pero que no se agota con la ley de contratos, puesto que hay también otras tipologías de contratos como los de patrimonio, venta o alquiler de terrenos, negocios jurídicos bilaterales que no tienen la naturaleza de contratos públicos, como son las concesiones demaniales (ej. puertos). Se pregunta cómo diseñar instrumentos que sean eficientes a nivel preventivo. Al respeto dice que la profesionalización es la clave de la lucha contra la corrupción.

Identifica los problemas siguientes: Calidad regulatoria y la debilidad de las administraciones públicas, de los medios de comunicación y de los partidos políticos (que no de la política). Afirma que hay que profesionalizar la administración. Hay una discrecionalidad configuradora que la hacen los políticos, la estrategia de ciudad. Y la discrecionalidad aplicativa o bien el margen de apreciación, que la llevan a cabo los técnicos.

La contratación pública se tiene que profesionalizar. La Comisión Europea hace recomendaciones en este sentido. Hay que examinar cómo se han contratado los empleados públicos, qué condiciones de trabajo tienen. La profesionalidad significa méritos y capacidades, es una determinada manera de reclutar y hacer el trabajo, con procedimientos transparentes, con publicidad. Se tiene que poder informar de forma imparcial. La profesionalidad se tiene que demostrar, mostrar y acreditar.

Las decisiones de carácter técnico se tienen que tomar por parte de órganos técnicos. En las mesas de contratación no puede haber cargos electos, interinos o eventuales. Hay que revisar los órganos de las diferentes fases de concesión de los contratos, para ir hacia la profesionalización de los servidores públicos. Hay una administración excesivamente politizada por los partidos políticos. Hay que rediseñar y dotar de medios los órganos de control para evitar la corrupción.

El señor Òscar Capdeferro Villagrasa, doctor de la Universitat de Barcelona, habla de la corrupción urbanística, de los ámbitos de riesgo y de las medidas de mitigación. Dice que este hecho empezó a tomar relevancia en 2014 cuando se empezó a hacer referencia a la compliance. Hace hincapié en la necesidad de reducir el riesgo, de mitigarlo.

Seguidamente pasa una presentación donde habla del marco conceptual, de las conductas corruptas en el ámbito urbanístico, citando algunos ejemplos, de los factores de riesgo de corrupción (las causas del fenómeno), y de los instrumentos de buen gobierno para gestionar de forma adecuada los riesgos de corrupción.

En primer lugar distingue entre la corrupción, los riesgos de la corrupción y el indicador de la corrupción. En cuanto a las conductas corruptas en este ámbito, hace referencia histórica al boom inmobiliario y la crisis económica, en concreto a:

— Años 50-70: arquitectos/aparejadores municipales y su ejercicio privado.

— Años 80-actualidad: Soborno y conflicto de intereses de alcaldes y regidores, en el planeamiento y concesión de títulos habilitants.

— En menor medida: Soborno y conflicto de intereses en la inspección y sanción.

— Otras circunstancias: los convenios urbanísticos.

En relación con los factores de riesgo, hay que destacar el beneficio económico, el deficiente control y la impunidad (la no detección, la sanción insuficiente o sin sanción), la falta de ética pública o integridad y las causes contingentes (discrecionalidad…).

Para acabar menciona los instrumentos para gestionar los riesgos de corrupción. Al respeto destaca: el beneficio económico, el deficiente control y la impunidad y la falta de ética pública o integridad:

— El beneficio económico à Gestionar el riesgo: Evaluación de impacto de corrupción de normas y planos + medidas de mitigación del riesgo (ej. delegación a un órgano colegiado, rotación...)

— El deficiente control y la impunidad

— No detección à refuerzo de los órganos de control + automatización del control + canales efectivos de denuncia

— Sanción insuficiente o sin sanción à efecto preventivo de la sanción, vinculado a una rápida detección y a la no tolerancia dentro de la organización

— La falta de ética pública o integridad à códigos éticos o de conducta + sistema de integridad

Materiales

Antoni Pelegrín, La responsabilitat penal dels funcionaris públics i autoritats en els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme i contra el medi ambient

Antoni Pelegrín, Algunos delitos relacionados con el Urbanismo

Oscar Capdeferro, La corrupció urbanística: àmbits de risc i mesures de mitigació


Clausura

El señor Sebastià Grau Àvila, coordinador general de Servicios Jurídicos y Administrativos del Área Metropolitana de Barcelona, comenta algunos rasgos comunes que hay entre la contratación y el urbanismo: la valoración, la evaluación, la decisión y el informe. Menciona que en la discrecionalidad que impera en el ámbito urbanístico hace falta que haya una decisión motivada, justificada. Hace referencia a la densidad legal en estas materias. Que hace falta seguridad jurídica, pero a la vez plantea problemas en aquello que no está regulado. En este sentido, dice que los funcionarios se abstienen a la hora de informar por los riesgos que se pueden derivar. Este hecho genera cierta incomodidad jurídica.

Para acabar, la señora Gemma Calvet Barot, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, dice que a veces hay dificultad de convivencia entre los órganos de garantía y los órganos históricos (intervención, secretaría y contratación). Hace hincapié en la necesidad de reforzar la colaboración entre los órganos de garantía (Oficina Antifraude de Cataluña, Sindicatura de Cuentas, etc.). Afirma que la tensión tiene que ser productiva. Para concluir, felicita a los y las ponentes por sus intervenciones.